La semana pasada, en ocasión del Seminario “Empresarias, inclusión y futuro” organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones(BID), la Primera Dama, Nadine Heredia, habló de inclusión financiera. Utilizando de ejemplos los programas sociales como Juntos, Pensión 65 y Beca 18 señaló que el país avanzaba a paso firme hacia la inclusión financiera pues los beneficiarios ya reciben sus transferencias a través de cuentas de abono y que pueden disponer de ellas incluso utilizando una tarjeta de débito.
Sin lugar a dudas, es digno de resaltar que los programas sociales se modernicen introduciendo mecanismos como los pagos en cuenta para identificar adecuadamente a los beneficiarios. Sin embargo, hay una gran distancia entre un mecanismo más eficiente de distribución de transferencias monetarias y la inclusión financiera. En el caso concreto de los programas Juntos, Pensión 65 y Beca 18, la evolución de los saldos de las cuentas se asemeja a la de un “serrucho”, es decir, las cuentas tienen saldo solo cuando el Estado realiza la transferencia porque los fondos son retirados generalmente en su integridad tan pronto esta se produce. El flujo transaccional con estas cuentas es escaso o nulo.
La inclusión financiera no solo se consigue con el acceso de la población no atendida a los productos financieros sino también con el empoderamiento de los ciudadanos para utilizar los servicios financieros para mejorar sus condiciones de vida. Es decir, que haya cambiado la modalidad de entrega de fondos de los programas sociales no convierte al Perú en un país de ahorristas y menos en un país con inclusión financiera. Igualmente, más peruanos endeudados no significa que tengamos a la inclusión financiera a la vuelta de la esquina. Todo depende de las características de la expansión del crédito.
En los últimos 5 años, el crédito como porcentaje del PBI ha crecido más rápido que el indicador de depósitos. Más datos: el depósito promedio como porcentaje del ingreso por habitante se ha reducido de 27% a 21%. En este mismo lapso, ¿qué creen que ha ocurrido con el crédito promedio como porcentaje del ingreso por habitante? La respuesta: se ha elevado de 82% a 91%.
Es decir, Perú cada vez más se ha convertido en un país de deudores. Y no de tan buenos deudores, a juzgar por las cifras publicadas por ASBANC la semana pasada en la que señalan que la morosidad de tarjetas de crédito ha alcanzado máximos históricos.
¿Qué puede estar detrás de este hecho? Un hecho revelador es que, entre 2004 y 2012, las líneas disponibles promedio por tarjeta de crédito crecieron casi el triple de rápido que los ingresos de una población con importantes necesidades insatisfechas, enormes ganas de escalar socialmente y escasa cultura financiera. La exuberancia de la industria del retail, la opaca información de un sistema financiero con uno de los spreads de tasas de interés más altos del mundo y muchas ganas de crecer añadieron velocidad a un boom de crédito que ya está empezando a pasarle la factura al país. Un estudio reciente de Proexpansión que identifica los patrones de comportamiento de los trabajadores formales con educación superior encontró - especialmente entre los más jóvenes - una alta incidencia de episodios de sobreendeudamiento “involuntarios” que han desestabilizado sus economías familiares e incluso las han comprometido por varios años a futuro.
¿Debemos preocuparnos? Mientras en el resto del mundo la “guerra” entre tarjetas de débito y crédito la van ganando las de débito, en Perú, las tarjetas de crédito mantienen un cómodo liderazgo. Y esta es una señal de alerta que no debemos perder de vista. Los peruanos tenemos más acceso a distintos bienes y servicios pero no porque somos más ricos sino a costa de mayores deudas. Y en un contexto así, existe el riesgo de que los peruanos más vulnerables pasen de la inclusión a la esclavitud financiera. Esto debe evitarse.
¿Cómo podemos revertir esta tendencia?
En las altas esferas empresariales y gubernamentales, es indispensable tomar conciencia de que la inclusión financiera no se gana solo con el acceso de la población a cierto producto financiero sino con la posibilidad de utilizar este acceso para vivir mejor, no para solo sobrevivir o vivir peor. Y un ciudadano poco informado con una tarjeta de crédito con una línea desproporcionadamente alta puede terminar causándole más daño a su hogar que bien. La educación financiera impartida con responsabilidad e imparcialidad es aquella que le dice a un ciudadano que lo que le conviene es no contratar un crédito cuando sus flujos de ingresos son inciertos; o que lo que necesita no es una línea de crédito mayor sino un ajuste en su consumo. Este tipo de educación es un pilar indispensable para una inclusión financiera plena pues el acceso al crédito sin adecuada educación puede conducir a la esclavitud financiera.
Los ciudadanos, por su parte, debemos aprender a vivir de acuerdo a nuestras posibilidades y entender que, en un contexto de ingresos limitados, es indispensable informarse bien y comparar para decidir mejor.
Finalmente, las entidades financieras enfrentan el reto de repensar su modelo de negocios y de acercamiento a los ciudadanos ya que el deterioro de su imagen es cada vez mayor. Si esta tendencia no se corrige, los esfuerzos por masificar los servicios financieros tardarán mucho más en ser efectivos.
La implementación de la nueva ley de dinero electrónico es una nueva oportunidad que las entidades financieras tienen para mostrar que ven a la tecnología como un instrumento para servir mejor a los consumidores y no como una nueva fuente de rentabilidad que reemplace al poco transparente y altamente costoso esquema de comisiones de hoy.
Escribir comentario