En la quincena de enero el Poder Ejecutivo aprobó el reglamento de la Ley de Obras por Impuestos –que permite a las empresas financiar proyectos de inversión pública a cambio del pago del Impuesto a la Renta–, el cual trae principalmente tres beneficios: que las empresas ejecuten inversión en proyectos públicos de manera integral, se encarguen del mantenimiento de obras ejecutadas por ellas y que el certificado de inversión pública regional y local (Ciprel) sea negociable.
En la quincena de enero el Poder Ejecutivo aprobó el reglamento de la Ley de Obras por Impuestos –que permite a las empresas financiar proyectos de inversión pública a cambio del pago del Impuesto a la Renta–, el cual trae principalmente tres beneficios: que las empresas ejecuten inversión en proyectos públicos de manera integral, se encarguen del mantenimiento de obras ejecutadas por ellas y que el certificado de inversión pública regional y local (Ciprel) sea negociable.
Estas modificaciones hacen mucho más atractivo para las empresas realizar inversiones bajo la modalidad obras por impuestos, según afirma Miguel Ángel Torres, especialista en mecanismos de RSE de Torres y Torres Lara Abogados.
“El reglamento tiene modificaciones importantes que permiten poder prestar servicios. Esto es importante porque hace posible que las empresas no solo intervengan con fierro y cemento, sino que apuesten por algo más integral”, señala Miguel Ángel Torres.
ENFOQUE MÁS AMPLIO
La integralidad que menciona el abogado se refiere al hecho de que las empresas pueden ejecutar proyectos que transformen la realidad y acorten la brecha de infraestructura que tiene el país en sectores como por ejemplo el saneamiento. “Con este cambio no solo se puede trabajar en la captación de agua y su potabilización, sino también en el fortalecimiento de las capacidades de usuarios y actividades”, menciona Torres.
El especialista también menciona que el permitir a las empresas encargarse del mantenimiento de las obras es un gran aliciente para las compañías que invierten en obras por impuestos, porque muchas de ellas tenían temor por el futuro de lo que construirían.
Aunque la norma no precisa el tiempo que la empresas ejecutora debe encargarse del mantenimiento, el Sistema Nacional de Inversión Pública establece que un proyecto de inversión puede ser mantenido por el ejecutor por un plazo máximo de 10 años, así que ese sería el tiempo estimado para las obras de mantenimiento.
Por último, Miguel Ángel Torres señala que el hecho de que el Ciprel –a través del cual se reconoce la inversión realizada por la empresa–, tenga el carácter de negociable permite que la compañía que invierta pueda transferirlo a terceros si es que en el año a fiscalizar tributariamente no le fue tan bien como esperaba. De este modo, considera Torres, se crea un nuevo mercado en el cual pueden participar pequeñas y medianas empresas en la ejecución de obras por impuestos.
fuente diario el comercio
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