Contrapunto. Trabajadores dicen que la iniciativa del Ejecutivo agravaría la situación de salud ocupacional. Los empresarios afirman que es un avance para la formalización en el país.
Posiciones encontradas ha generado el proyecto de ley que propone modificar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ha sido presentado por el Ejecutivo al Congreso.
La presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Carmela Sifuentes, consideró que esta iniciativa es un retroceso, pues pretende establecer condiciones por debajo de las establecidas en la ley; por ello solicita al Congreso lo archive.
En tanto, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Luis Salazar, afirmó que si bien este proyecto es una mejora, no es todo lo que se necesita para incentivar la formalidad en el país.
Víctor Zavala, gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima, señaló que es una modificación parcial, que coincide con algunas propuestas que alcanzó este gremio empresarial, aunque faltaron otros puntos para que sea más acorde con la realidad peruana.
Punto por punto
El proyecto del Ejecutivo propone que se realicen los exámenes médicos a los trabajadores cada dos años, pues actualmente la ley establece que sea hasta tres veces por año.
Al respecto, Carmela Sifuentes sostuvo que esta modificación agravaría la actual situación sobre salud ocupacional de miles de trabajadores, con el argumento de reducir los costos a las empresas.
En tanto Víctor Zavala dijo que esta medida es buena, pues antes no se consideraba que había trabajadores con vinculación laboral temporal y era excesivo realizar tantos exámenes médicos.
Otro cambio trata sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se plantea que las empresas puedan contratar servicios a terceros a fin de que cumplan con esta obligación, y ya no incorporen en su planilla personal especializado.
Sifuentes dijo que esto tiene como propósito sustraer al empleador de su responsabilidad laboral, civil y penal establecida para el cumplimiento de la Ley, pues a través de los denominados contratos de locación de servicios, los empresarios pretenderían trasladar su responsabilidad hacia terceros.
Por su parte, Zavala dijo que la medida es realista, porque se contrataría personal especializado cada vez que se requiera, además que sólo hay 40 médicos ocupacionales en el país.
El Ejecutivo también plantea bajar las penas privativas de la libertad a los empleadores que no adopten las medidas preventivas necesarias y ponen en riesgo la vida, la salud y la integridad de los trabajadores.
Por ejemplo, cuando un trabajador pierda la vida en un accidente a causa de negligencia en la aplicación de las normas de seguridad, el empleador tendrá una pena privativa de la libertad no menor de cinco años ni mayor de 10; pero el cambio lo reduce a no menor de cuatro años y no mayor a ocho años.
Sifuentes señaló que esta propuesta pretende crear una suerte de impunidad para quienes no cumplan con las medidas de seguridad en sus respectivas empresas.
Sin embargo, Zavala consideró que hay una mejor tipificación para sancionar a los malos empleadores que incumplan con las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Las claves
El proyecto que modifica algunos artículos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo forma parte del paquete para reactivar la economía que preparó el Ejecutivo y presentó al Congreso.
La Junta de Portavoces exoneró a la iniciativa de pasar por las comisiones ordinarias y se puso en la agenda de la Comisión Permanente.
Diario La República (03.07.2014)
Escribir comentario