El especialista en Derecho Tributario Jorge Picón señaló que las medidas legislativas planteadas por el Ejecutivo, con respecto al impuesto a la renta empresarial, no favorecerán el aumento de la inversión privada, debido a que el principal problema que enfrentan las empresas no es el pago de las tasas impositivas sino la inseguridad jurídica que se vive frente a la Sunat.
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Un nuevo paquete legislativo en materia tributaria fue impulsado con premura por el Ejecutvo. Estas medidas ya fueron debatidas en el Congreso de la Repúbica y aprobadas en primera votación por el Pleno del Parlamento; ahora, solo falta un segundo visto bueno final para que su aplicación se de manera inmediata.
En relación a la modificación al impuesto a la renta empresarial, se entiende que a partir del 2015, en vez de pagar una tasa de 30%, las empresas pagarían un 28%, al cual deberá adicionarse un 6.8% por reparto de utilidades. Posteriormente, se irá bajando la tasa del impuesto a la renta pero se seguirá subiendo la tasa por dividendos de manera sistemática.
Con respecto a estas posibles modificaciones, el tributarista Jorge Picón Gonzales señala que estas iniciativas no ayudarán a incrementar la inversión privada en nuestro país, a razón de que la principal problemática que enfrentan los privados no es el pago de las tasas impositivas, sino, por el contrario, la inseguridad jurídica frente a la administración tributaria.
"Si usted consulta a cualquier gremio empresarial, empresa mediana o grande y formal, les contarán sobre la increíble inseguridad jurídica que vive frente a Sunat, quien desconoce gastos porque el auditor no los considera reales o no cumple con el principio de causalidad . La empresa puede pagar una tasa de 28%, pero si no se les va a permitir deducir sus gastos, entonces mejor no inviertirá en nada", relata Picón Gonzales.
Problema técnico de por medio
El especialista en Derecho Tributario también observa que se presentaría "un problema técnico" con respecto a la aplicación de la medida. "El impuesto a los dividendos nace en el momento en el que se reparte. Entonces, ¿qué pasará con las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre del 2014, que ya pagaron un 30% y que no se han distribuido?, ¿se le aplicaría el 4.1% o el 6.8%?", cuestiona Picón Gonzales.
Sobre esta interrogante, solo cabe interpretar lo que señala la iniciativa legislativa del Ejecutivo. "De acuerdo al proyecto, tal como está aprobado y presentado, se pagaría el 6.8%, dado que no habría una disposición transitoria que diga que se le aplica el 4.1%", especifica el tributarista.
Además añade que "siendo así, las utilidades no distribuidas al 31 de diciembre de 2014 pasarían a tener una tasa efectiva superior del 35%. Absurdamente, esto estaría provocando que muchas empresas acelerarían su distribución de utilidades antes del 31 de diciembre; exactamente el efecto inverso a lo que el gobierno estaba pretendiendo hacer", recalca el socio del Estudio Picón y Asociados.
Una segunda observación que alcanza Jorge Picón es sobre si el gobierno logrará enfrentar la reducción del impuesto a la renta empresarial. "La baja de impuestos en el caso corporativo se sentirá recién en marzo de 2016, es decir un mes antes de las elecciones presidenciales. Quien recibirá el impacto de la baja de los impuestos no va a ser el gobierno actual sino el entrante. Es altamente previsible que ellos deseen revertir la medida, porque finalmente un gobierno entrante necesita liquidez para hacer obras", advierte a manera de conclusión.
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