Cuando el Gobierno presentó el Plan Nacional de Diversificación Productiva, uno de los objetivos era elevar los estándares de productividad del país a través de la investigación científica, rubro en el cual el Perú debe orientar sus esfuerzos para equipararse con otros vecinos regionales o de otro lugar del orbe con mayor inversión en ese campo.
Para superar tal condición, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República unieron esfuerzos para sacar adelante la Ley de Promoción de la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica.
La norma busca que las compañías nacionales innoven en nuevos productos o servicios y en su gestión empresarial. Se trata de una norma eminentemente técnica porque incrementa el incentivo tributario mediante el impuesto a la renta, cuya deducción será de 175% si el proyecto es realizado por contribuyentes domiciliados en el país, y de 150% para aquellos que no lo son.
El beneficio estará vigente hasta el ejercicio gravable 2019, y sus efectos inmediatos facilitarán que los proyectos en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación podrán ser ejecutados directamente por las empresas o mediante centros especializados. Para acceder a la deducción, los contribuyentes deben obtener la calificación de sus proyectos a través del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica u otras entidades de acuerdo con la naturaleza del proyecto, lo cual será definido en el reglamento respectivo. De esa manera, la deducción de los gastos se efectuará a partir del ejercicio fiscal en el que se obtenga la calificación favorable y conforme se vayan devengando.
Del mismo modo, los proyectos de innovación serán analizados bajo el Manual de Frascati, propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual es un referente actualizado de definiciones básicas y de las actividades de investigación y desarrollo aceptadas por científicos de todo el mundo. Asimismo, se creará un registro de empresas innovadoras, lista con la que el Perú no cuenta a diferencia de sus pares de la región.
Dados estos alcances, observamos que el Estado financiará una parte importante de los gastos en investigación y desarrollo, una inversión que posee una alta rentabilidad social, además de convertirse en un poderoso incentivo a favor de la innovación productiva de largo plazo en el país, porque este tipo de inversión tiene efectos multiplicadores muy beneficiosos tanto para las empresas como para la economía en general.
El Gobierno ha tomado conciencia del pronunciado rezago del Perú en inversión en ciencia, tecnología e innovación empresarial respecto a otros países, porque lo hace únicamente con el 0.12% del producto bruto interno, pero ahora busca revertir tal panorama y situarse en el promedio de los países latinoamericanos que alcanza el 1.75% de su PBI. Así, la innovación tecnológica se convertirá en una herramienta que posibilitará a los trabajadores ser más competitivos y elevará la productividad empresarial.
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