A inicios del año, la oficina defensorial de Tumbes recibió pedidos para intervenir ante las Unidades de Gestión Educativa Local de Tumbes y Zarumilla, pues algunos exdirectores habrían emitido resoluciones directorales, en que se felicitaban y reubicaban, vulnerando el principio de probidad, derecho a la buena administración y el debido procedimiento administrativo.
Ante ello, la Defensoría del Pueblo le recomendó al director regional de Educación de Tumbes disponer la nulidad –de oficio– de las resoluciones dadas de forma irregular e iniciar una investigación disciplinaria contra quienes resulten responsables. Le precisó, además, que dichas resoluciones presentan vicios de nulidad, al carecer de los requisitos de validez de un acto administrativo.
Le recordó que según la Ley Nº 27815, del Código de Ética de la Función Pública, los fines de la función del Estado son el servicio a la Nación y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal. En respuesta, la autoridad asumió el compromiso
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