La Cámara de Comercio de Lima (CCL) solicitó que se deje sin efecto la disposición que permite a algunas instituciones fiscalizadoras hacer uso de las multas con fines presupuestales.
La CCL consideró que las multas de los organismos fiscalizadores no deben formar parte de su presupuesto “por tratarse de un mecanismo perverso de financiación que puede ser replicado por otras entidades”.
De esta manera, la CCL se refirió al incremento presupuestal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que se origina del dinero recaudado por multas impuestas.
Recordó que, desde su origen, el presupuesto de los organismos del Estado debe estar fijado en el Presupuesto del Sector Público, por lo cual, consentir ingresos adicionales por concepto de multas resulta perverso, toda vez que en cumplimiento de las obligaciones para sostener sus funciones, el ente regulador tendría que verse obligado a imponer cada vez más sanciones.
“Las multas no deben tener fin recaudatorio, pues ello conlleva a un incentivo perverso de aplicar sanciones indiscriminadas y así captar más recursos para la entidad que la impone”, señaló el presidente de la CCL, Jorge von Wedemeyer.
Este problema fue atendido en parte con la Ley N° 30230 que estableció que los ingresos que obtienen las entidades del Poder Ejecutivo cuya función es la fiscalización, deben formar parte del Tesoro Público.
Sin embargo, la propia ley estableció excepciones para aquellas entidades que a julio del 2014 contaban con una ley que les asignaba como recursos propios un porcentaje de tales multas.
Ese es el caso de la Sunafil que antes de julio del 2014 ya contaba con una ley que le asignaba un porcentaje de las multas como ingresos propios.
Asimismo, la Ley 30230 estableció que la PCM en coordinación con el MEF, debían establecer los criterios y parámetros, a fin de precisar qué entidades públicas podían financiarse con la imposición de multas y cuáles no.
Esta reglamentación está pendiente, y es por eso que la CCL solicita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) su pronta reglamentación, al mismo tiempo que solicita que se deje sin efecto la disposición que permite a algunas instituciones hacer uso de las multas con fines presupuestales.
Fuente: Diario Gestiòn
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